La responsabilidad institucional en la protección de las mujeres, la inacción de las instituciones ante los casos de violencia y la necesidad de aumentar el número de trabajadores sociales en los municipios centraron los discursos de las manifestantes durante la protesta nacional contra el asesinato de mujeres, organizada el sábado por el Colectivo de Pensamiento y Acción Feminista en Pristina, informa Ekonomia Online. Frente al edificio de […]
Sadikaj: Se lamenta la vida de una mujer después de que la hayan asesinado; antes del asesinato, no se la tiene en cuenta
La responsabilidad institucional en la protección de las mujeres, la inacción de las instituciones ante los casos de violencia y la necesidad de aumentar el número de trabajadores sociales en los municipios centraron los discursos de las manifestantes durante la protesta nacional contra el asesinato de mujeres, organizada el sábado por el Colectivo de Pensamiento y Acción Feminista en Pristina, informa Ekonomia Online.
Frente al edificio del Gobierno de Kosovo, las manifestantes Saranda Sadikaj y Adelina Berisha, de la Red de Mujeres de Kosovo, exigieron rendición de cuentas institucional y medidas concretas para prevenir la violencia contra las mujeres y protegerlas.
Sadikaj criticó la manera en que las instituciones y la sociedad reaccionan después del asesinato de mujeres, y dijo que sus vidas no se tratan con la seriedad debida mientras ellas siguen con vida.
«La vida de una mujer se lamenta después de que la hayan asesinado: con flores, discursos, condolencias oficiales y conferencias cuyo tono frío refleja el protocolo. Antes del asesinato, no se la tiene en cuenta», declaró.
También mencionó el caso de Diana Kastrati, quien había solicitado una orden de protección urgente en 2011, pero fue asesinada 22 días después.
«Esta no es una historia aislada. El 26 de abril de 2011, Diana Kastrati solicitó una orden de protección urgente. El tribunal no respondió. Veintidós días después, Diana fue asesinada. En 2013, el Tribunal Constitucional constató que la inacción del tribunal había vulnerado su derecho a la vida. Hoy, quince años después, se ha presentado una acusación en ausencia, y la policía pide ayuda a los ciudadanos para encontrar al acusado. Diana pidió protección al Estado y, quince años después, el Estado nos pide ayuda», dijo.
Por su parte, Adelina Berisha, de la Red de Mujeres de Kosovo, pidió aumentar el número de trabajadores sociales en los municipios y señaló que para ello se necesitan 444.000 euros anuales del presupuesto estatal.
«Hemos pedido al menos dos trabajadores sociales adicionales en cada municipio y cuatro en Pristina, para tratar los casos de violencia contra las mujeres y de violencia doméstica. ¿Cuánto cuesta esto? 444.000 euros al año del presupuesto estatal. ¿Es una suma elevada para la seguridad de las mujeres y los niños? Pero no pedimos solo más trabajadores sociales. También pedimos una inversión seria en el desarrollo de sus capacidades profesionales. Los trabajadores sociales son gestores de los casos de violencia contra las mujeres. Deben saber evaluar el riesgo, planificar la seguridad y coordinar la protección, con un enfoque sensible al trauma y sin prejuicios de género», dijo.
Berisha también pidió que se rindan cuentas en los casos en que los Centros de Trabajo Social no cumplen con sus responsabilidades de proteger a las mujeres y los niños.
«¡Y exigimos rendición de cuentas! Los Centros de Trabajo Social tienen una responsabilidad clara en la protección de las mujeres y los niños. Cuando se descuida esta responsabilidad, cuando los casos no se tratan con seriedad y cuando no se toman las medidas necesarias, debe haber responsabilidad profesional e institucional. No podemos aceptar que las mujeres paguen con su seguridad y su vida el precio de la negligencia institucional», dijo.
Presentó tres exigencias concretas: aumentar el número de trabajadores sociales en al menos dos en cada municipio y cuatro en Pristina, invertir en su formación y capacitación continua para gestionar los casos de violencia contra las mujeres, y garantizar la supervisión y la rendición de cuentas institucional cuando no se cumplen las obligaciones de proteger a las mujeres.
«Por eso, hoy planteamos tres exigencias claras: 1. Más inversión en servicios sociales: al menos dos trabajadores sociales adicionales en cada municipio y cuatro en Pristina. 2. Inversión en capacidades profesionales: formación y capacitación continua de los trabajadores sociales para gestionar los casos de violencia contra las mujeres. 3. Rendición de cuentas institucional: supervisión y responsabilidad concreta cuando los profesionales y las instituciones no cumplen con su obligación de proteger a las mujeres», dijo.
La protesta nacional se organizó tras el asesinato de Arlinda Zekaj en Peja, para exigir justicia y responsabilidad institucional por el caso, así como medidas más contundentes para proteger a las mujeres de la violencia.





















