El Tribunal Supremo de Kosovo ha estimado íntegramente la demanda de los cinco demandantes, V.E., B.A., A.B.-B., V.K. y N.H., presentada contra la Comisión Central Electoral (CEC), en relación con la legalidad del Reglamento Interno n.º 01/2026, que modifica y completa el Reglamento Interno n.º 07/2024 sobre la organización interna y la sistematización de los puestos de trabajo en la CEC.
El Tribunal Supremo anula en su totalidad el Reglamento de la CEC sobre el cambio de la organización interna y la sistematización de los puestos de trabajo

Mediante su sentencia, el Tribunal Supremo ha constatado la ilegalidad y ha anulado en su totalidad el Reglamento Interno n.º 01/2026, incluido el Anexo I – Organigrama de la Secretaría de la Comisión Central Electoral.
Al examinar el asunto, el Tribunal evaluó la legalidad del proceso de reclasificación de los puestos de trabajo, especialmente en lo que respecta al cumplimiento de los criterios objetivos, el principio de igualdad y la obligación de motivar las decisiones que tienen consecuencias jurídicas para los funcionarios públicos.
Según la valoración del Tribunal, aunque la CEC tiene competencia para modificar la organización interna y la sistematización de los puestos de trabajo, el ejercicio de esta competencia debe basarse en análisis funcionales, criterios objetivos y motivaciones claras que justifiquen la inclusión o exclusión de determinados puestos en el proceso de reclasificación.
El Tribunal constató que la CEC no presentó un análisis funcional que justificara la inclusión de solo ocho puestos de trabajo en el proceso de reclasificación y la exclusión de los puestos de los demandantes. Asimismo, no se ofrecieron razones concretas sobre las diferencias en la naturaleza de las tareas, el nivel de las responsabilidades y las competencias de los puestos incluidos y los excluidos de este proceso.
Según el Tribunal, la aplicación del reglamento impugnado permitió modificar los coeficientes salariales de los funcionarios que ocupan los ocho puestos incluidos en el proceso de reclasificación, mientras que los puestos de los demandantes quedaron fuera de este. Esto dio lugar a un trato diferente, sin que se demostrara la existencia de razones objetivas y razonables que justificaran tal diferencia.
En este sentido, el Tribunal subrayó que el principio de igualdad exige que los sujetos que se encuentran en situaciones iguales o comparables reciban el mismo trato, salvo que el trato diferente se base en criterios claros, objetivos y verificables.
El Tribunal también consideró que el proceso de clasificación de los puestos debe basarse en la naturaleza y las responsabilidades de las funciones desempeñadas, y no en la selección de puestos sin una motivación clara de las diferencias entre ellos. La falta de un análisis funcional y de criterios de selección claros no garantiza la igualdad de trato para los funcionarios que desempeñan funciones iguales o comparables.
En la motivación de la sentencia, el Tribunal también hizo referencia a la Sentencia P.A. n.º 24/2026, de fecha 17 de septiembre de 2026, mediante la cual había anulado el artículo 7 del Reglamento n.º 01/2026. Teniendo en cuenta la relación inseparable entre las disposiciones de este reglamento y el artículo anulado, el Tribunal consideró que la parte restante del acto carece de contenido normativo y de efecto jurídico independiente que permitiera aplicarla como acto separado.
Por esta razón, la anulación se extendió a la totalidad del Reglamento n.º 01/2026, incluido el Anexo I, con el fin de preservar la coherencia del ordenamiento jurídico y la seguridad jurídica.

















