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Acuerdo de Ohrid: normalización sin reconocimiento y diálogo interminable

Acuerdo de Ohrid: normalización sin reconocimiento y diálogo interminable

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En vísperas del tercer aniversario del Acuerdo Básico de Bruselas (27 de febrero de 2023) y del Anexo de Ohrid (18 de marzo de 2023), el balance sigue estando lejos de las expectativas de la iniciativa franco-alemana. Presentado como un giro histórico en las relaciones entre Kosovo y Serbia, este marco no ha producido una normalización sostenible, un reconocimiento de facto incontestable por parte de Serbia ni avances significativos de Kosovo en su integración internacional.

Kosovo sigue enfrentándose a una paradoja diplomática: su solicitud de adhesión a la UE, presentada en diciembre de 2022, aún no ha avanzado hacia el estatus de candidato. Cinco Estados miembros —España, Grecia, Rumanía, Eslovaquia y Chipre— no reconocen su independencia, mientras que su adhesión al Consejo de Europa sigue sin concretarse.

La declaración del enviado europeo Peter Sørensen de que no hay un plazo para concluir el diálogo pone de manifiesto la falta de una perspectiva clara para el proceso iniciado en 2011. Así, el diálogo corre el riesgo de pasar de ser un instrumento para resolver el conflicto a un mecanismo para administrarlo.

Del Tratado entre las dos Alemanias a la realidad del Acuerdo de Ohrid

La iniciativa diplomática franco-alemana de 2022, respaldada por Estados Unidos y la Unión Europea, se inspiró en el Tratado Básico de 1972 entre la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana. Se presentó como una oportunidad para un giro histórico (Zeitenwende) en las relaciones entre Kosovo y Serbia, con el objetivo de normalizarlas mediante una forma de reconocimiento indirecto, sin exigir a Belgrado el reconocimiento formal de la independencia de Kosovo. Sin embargo, la comparación entre ambos casos revela diferencias fundamentales: el Tratado entre las dos Alemanias se basaba en la voluntad política de normalizar las relaciones y en un marco institucional definido, mientras que el Acuerdo de Bruselas y el Anexo de Ohrid quedaron sin firmar y solo se aplicaron parcialmente. Serbia siguió tratando el acuerdo como un compromiso político que no implicaba el reconocimiento de Kosovo.

Una diferencia aún más importante tiene que ver con el objetivo histórico del Tratado Básico. Para la República Federal de Alemania, la normalización de las relaciones con Alemania Oriental no suponía renunciar a la perspectiva de la reunificación nacional, sino crear las condiciones para la paz, la cooperación y la posibilidad de que el pueblo alemán realizara algún día su unidad mediante la libre autodeterminación. Esto quedó expresado en la Carta sobre la unidad alemana (Brief zur deutschen Einheit), presentada en relación con la firma del Tratado Básico en diciembre de 1972. El documento subrayaba que el acuerdo no contradecía el objetivo político de la República Federal de establecer un orden europeo pacífico en el que el pueblo alemán pudiera recuperar libremente su unidad.

Precisamente este elemento del modelo alemán intentó adaptar Belgrado a sus propios intereses mediante la carta de la ex primera ministra Ana Brnabić, presentada en Bruselas en diciembre de 2023. En ella, Serbia declaraba que el Acuerdo Básico y el Anexo de Ohrid solo eran aceptables en la medida en que no implicaran el reconocimiento de facto ni de jure de Kosovo, el respeto de su integridad territorial o la aceptación de su adhesión a las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales. Así, Belgrado buscaba una especie de «equivalente alemán» que le permitiera mantener abierta su reivindicación territorial sobre Kosovo y, al mismo tiempo, beneficiarse de las disposiciones del acuerdo que consideraba favorables.

Sin embargo, la analogía entre ambas cartas es fundamentalmente problemática. La carta de Alemania Occidental se basaba en la perspectiva de la reunificación pacífica y la libre autodeterminación de los alemanes; la carta serbia pretendía mantener el cuestionamiento de la soberanía de Kosovo, cuya independencia se había proclamado en 2008 y cuya declaración de independencia, según la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 2010, no había infringido el derecho internacional. Una fórmula concebida para facilitar la coexistencia pacífica de los dos Estados alemanes no puede trasplantarse mecánicamente a un contexto en el que una de las partes sigue cuestionando la propia existencia estatal de la otra.

También fue significativo el modo en que los mediadores internacionales trataron la carta de Brnabić. No hubo una objeción pública y clara de la UE y Estados Unidos que descartara su uso para relativizar las obligaciones de Serbia. Aunque posteriormente se hicieron declaraciones contradictorias sobre el estatus de la carta y su posible retirada, la falta de una aclaración documentada dejó margen para la ambigüedad. Esto no demuestra que Bruselas o Washington aprobaran su contenido, pero sí plantea interrogantes sobre la solidez de la mediación occidental.

En este contexto, la debilidad del Acuerdo de Ohrid no radica únicamente en la falta de firmas, sino también en la falta de voluntad política mutua, de mecanismos de aplicación fiables y de un objetivo institucional final. A diferencia del Tratado Básico de 1972, que creó un marco funcional para las relaciones entre las dos Alemanias y abrió el camino para que ambos Estados ingresaran en la ONU en 1973, el marco Bruselas-Ohrid generó una dinámica asimétrica: se exigían a Kosovo obligaciones institucionales concretas, mientras que Serbia mantenía la ambigüedad política y se oponía a la integración internacional de Kosovo.

En abril de 2023, el analista alemán Bodo Weber interpretó el acuerdo con un optimismo prudente. Al comentar el avance de la solicitud de Kosovo en el Consejo de Europa, consideró que este hecho constituía el primer paso en la aplicación de la propuesta europea. Weber recordó que algunos países occidentales, entre ellos Alemania, habían obstaculizado anteriormente el avance de Kosovo en esta organización, condicionando el desbloqueo a la aceptación del acuerdo. Según él, la adhesión al Consejo de Europa abriría también el camino para que Kosovo participara en otras organizaciones internacionales; una expectativa basada en el artículo 4 del Acuerdo Básico, según el cual Serbia no debe oponerse a la adhesión de Kosovo a organizaciones internacionales.

Los acontecimientos posteriores pusieron en duda este optimismo. Aunque la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa recomendó la adhesión de Kosovo en abril de 2024, el Comité de Ministros no tomó la decisión definitiva. El proceso quedó vinculado a nuevas exigencias políticas, en particular a la creación de la Asociación de municipios de mayoría serbia. Esto puso de manifiesto la brecha entre los compromisos de normalización y los resultados concretos.

Consejo de Europa: ¿condicionalidad diplomática o cálculo político?

El caso del Consejo de Europa ilustra los límites del Acuerdo de Ohrid. Varios Estados que apoyaban a Kosovo justificaron públicamente el aplazamiento de la decisión por la necesidad de dar pasos concretos hacia la creación de la Asociación. Esto dio la impresión de una condicionalidad asimétrica, sin consecuencias comparables por los obstáculos que Serbia impone a la personalidad internacional de Kosovo.

Cabe preguntarse si en esta decisión influyeron también otras preocupaciones, incluidas las posibles consecuencias jurídicas de la adhesión al Consejo de Europa. Sin embargo, el vínculo entre el aplazamiento y los procesos ante las Salas Especializadas sigue siendo una hipótesis no documentada; la adhesión no garantizaría automáticamente el acceso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para asuntos anteriores.

Sin pruebas documentales, no se puede afirmar que los gobiernos europeos pretendieran evitar un escenario judicial o que actuaran en coordinación con Belgrado o Moscú. No obstante, los motivos de las decisiones sobre la adhesión de Kosovo requieren transparencia.

Lecciones del Tribunal Especial sobre los compromisos impuestos

Otra dimensión que influye en la posición internacional de Kosovo tiene que ver con las consecuencias políticas de la sentencia del 16 de septiembre de 2026 de las Salas Especializadas. En este contexto, preocupa especialmente el riesgo de que la interpretación de la sentencia, sobre todo el uso del concepto de empresa criminal conjunta, se utilice para deslegitimar históricamente al UÇK y, de forma indirecta, cuestionar la legitimidad de la condición estatal de Kosovo. Esta situación también plantea la necesidad de un debate jurídico e institucional serio sobre las competencias de las Salas Especializadas y la posibilidad de que la Asamblea de Kosovo revise su marco jurídico, respetando la independencia judicial y las obligaciones constitucionales e internacionales.

La creación del Tribunal Especial en 2015 ilustra el peso de la presión diplomática en la toma de decisiones de un Estado pequeño. Kosovo aceptó una institución con competencias excepcionales, entre otras cosas con la expectativa de que la cooperación ayudaría a abordar las acusaciones del informe de Dick Marty y a reforzar su posición internacional. Esta experiencia plantea la cuestión de cómo deben evaluarse los compromisos políticos que acompañan a los acuerdos institucionales. Al mismo tiempo, es necesario mantener la distinción entre la responsabilidad penal individual y el carácter de liberación de la guerra.

Una de las disposiciones más problemáticas del Acuerdo Básico de Bruselas sigue siendo el artículo 7, que prevé un nivel adecuado de autogobierno para la comunidad serbia de Kosovo, sin definir claramente los límites jurídicos e institucionales de este concepto. La ambigüedad no es meramente terminológica: el autogobierno puede entenderse como cooperación intermunicipal, pero también puede interpretarse en el sentido de una autonomía funcional. El proyecto de estatuto de la UE, del 11 de octubre de 2023, concreta este dilema. El artículo 2 menciona determinadas competencias ejecutivas; los artículos 13–16 prevén funciones en materia de educación y salud, incluida la gestión de instituciones financiadas por Serbia; mientras que el artículo 25 otorga a la Asamblea de la Asociación competencias para aprobar normas internas y establecer prioridades. Aunque el proyecto prevé el control constitucional y el respeto de las competencias de las autoridades de Kosovo, la combinación de estas funciones plantea la cuestión de si, en la práctica, podría crearse un nuevo centro de toma de decisiones que afectara al funcionamiento del Estado.

Una preocupación particular deriva del artículo 42 del proyecto de estatuto, que prevé el arbitraje para las controversias entre la Asociación y las autoridades centrales de Kosovo relativas a la aplicación o interpretación del estatuto, si no se resuelven mediante negociaciones u otros medios. Cada parte designa un árbitro y las partes procuran ponerse de acuerdo sobre la presidencia; si no lo consiguen dentro del plazo previsto, el presidente puede ser nombrado por la Unión Europea a petición de una de las partes. La comisión decide por mayoría de dos tercios y su decisión se considera definitiva y vinculante. Esta disposición no convierte a la Asociación en un sujeto soberano, y el arbitraje no es inconstitucional por sí mismo. Sin embargo, para un Estado unitario plantea una cuestión fundamental: ¿cómo se concilia la toma de decisiones vinculante de un órgano arbitral en cuya composición puede intervenir la UE con la jurisdicción de los tribunales y la autoridad suprema de la Constitución de Kosovo? Si no se delimitan claramente el alcance del arbitraje, su relación con los tribunales nacionales y el control de constitucionalidad, existe el riesgo de que se repitan las disputas institucionales. Por supuesto, los representantes europeos pueden acompañar la aprobación de un proyecto de este tipo con una retórica conciliadora y promesas de beneficios políticos. Sin embargo, la experiencia de la aprobación de la Ley de las Salas Especializadas demuestra que este enfoque inicialmente comprensivo puede dar paso a una presión política cada vez mayor, colocando a Kosovo ante hechos consumados con consecuencias a largo plazo para su soberanía y su funcionamiento estatal. Por ello, cualquier ingenuidad política o aceptación incondicional de nuevos acuerdos institucionales puede tener un coste elevado, cuyas consecuencias serían mucho más difíciles de corregir en el futuro.

Igualmente delicada es la otra parte del artículo 7, que prevé la formalización del estatus de la Iglesia ortodoxa serbia y una elevada protección de su patrimonio religioso y cultural. El Plan Ahtisaari, la Constitución y la legislación pertinente ya ofrecen amplias garantías a la comunidad serbia y a los lugares religiosos ortodoxos. Por tanto, cualquier nuevo acuerdo debe explicar qué laguna jurídica concreta pretende subsanar y si altera el equilibrio constitucional existente. El proyecto de estatuto de la Asociación no regula en detalle este estatus eclesiástico; la fuente directa del debate en este caso es el propio artículo 7 del Acuerdo Básico. En este contexto, merece especial atención la posibilidad de que Belgrado utilice el diálogo prolongado para reabrir gradualmente elementos del Plan Ahtisaari. Al exigir nuevos acuerdos en ámbitos ya regulados y aprovechar las ambigüedades de la redacción, Serbia podría tratar de ampliar paso a paso las competencias de las estructuras de la comunidad serbia. Esta es una interpretación crítica de la dinámica negociadora, no un objetivo que se desprenda únicamente del proyecto de estatuto. No obstante, pone de relieve una importante asimetría: mientras Belgrado sigue cuestionando la condición estatal de Kosovo, a Pristina se le exigen nuevos compromisos institucionales sin garantías equivalentes de reconocimiento e integración internacional.

Integración europea: de la promesa política al bloqueo procedimental

Una prueba concreta de los límites del Acuerdo de Ohrid es el tratamiento de la solicitud de Kosovo de adhesión a la Unión Europea. Desde diciembre de 2022, ocho presidencias han estado al frente del Consejo de la UE, pero ninguna ha remitido la solicitud a la Comisión Europea para su evaluación. Así, casi cuatro años después de presentar la solicitud, Kosovo ni siquiera ha superado el primer umbral del examen formal. A modo de comparación, la solicitud de Serbia se remitió a la Comisión tras unos diez meses, la de Montenegro tras cuatro meses y la de Macedonia del Norte tras menos de dos meses. La diferencia no es solo simbólica: demuestra que Kosovo sigue al margen de un procedimiento que los demás países de la región iniciaron hace tiempo.

Este bloqueo no puede explicarse únicamente por las deficiencias de las reformas internas. El informe de la Comisión Europea señala dificultades en el poder judicial, la lucha contra la corrupción y la aplicación de los acuerdos con Serbia, pero no identifica expresamente estas deficiencias como motivo para no remitir la solicitud. Otro obstáculo está relacionado con la falta de reconocimiento de Kosovo por cinco Estados miembros y con la dependencia política de la integración respecto del diálogo con Belgrado. La experiencia de la liberalización de visados es significativa: incluso después de confirmarse en 2018 que se habían cumplido los criterios, los viajes sin visado no entraron en vigor hasta enero de 2024. Sin embargo, a diferencia de ese proceso, en el que existía una hoja de ruta definida, Kosovo no dispone hoy de un plan procedimental claro para obtener el estatus de candidato. Esta incertidumbre hace aún más importante exigir plazos, criterios mensurables y responsabilidades mutuas.

Banjska y los límites de la política europea de normalización

Los límites del proceso de normalización se hicieron especialmente evidentes tras el ataque armado en Banjska, el 24 de septiembre de 2023, en el que murió el sargento kosovar Afrim Bunjaku. El Informe de la Comisión Europea de 2026 también señala la falta de rendición de cuentas por este ataque, lo que demuestra la existencia de un doble rasero: la presión diplomática se centra en los pasos internos de Kosovo, mientras que la falta de aplicación y las acciones desestabilizadoras de Belgrado no conllevan consecuencias comparables.

Frente a la influencia rusa y china en los Balcanes Occidentales, la diplomacia europea ha intentado mantener a Serbia vinculada a la UE. Pero dar prioridad a la estabilidad a corto plazo frente a la aplicación de los acuerdos debilita la credibilidad del diálogo, sobre todo cuando el proceso no tiene un plazo definido.

Serbia después de Vučić: ¿cambio de poder o continuidad nacionalista?

Los recientes acontecimientos políticos en Serbia —la dimisión de Aleksandar Vučić como presidente en septiembre de 2026 y la derrota de su partido (SNS) frente a la «Lista Estudiantil» en las elecciones parlamentarias anticipadas del 25 de octubre de 2026— también deben analizarse más allá del cambio de nombres al frente del Estado. El problema fundamental de las relaciones entre Kosovo y Serbia no está relacionado únicamente con la figura de Vučić, sino con la continuidad de una concepción estatal que considera Kosovo parte de Serbia. Un nuevo gobierno surgido del movimiento de protesta contra el autoritarismo y la corrupción podría impulsar reformas democráticas internas, pero esto no garantiza por sí solo un cambio de rumbo nacionalista hacia los países vecinos. El criterio decisivo para evaluar al nuevo poder en Belgrado sigue siendo su disposición concreta a aceptar la realidad del Estado de Kosovo y a poner fin a la campaña para obstaculizar su integración internacional.

Conclusión: Kosovo no puede seguir siendo rehén de compromisos sin garantías

En vísperas del tercer aniversario, el balance es preocupante: la integración europea de Kosovo sigue bloqueada, cinco Estados de la UE continúan sin reconocerlo y Serbia no ha abandonado su cuestionamiento de la condición estatal de Kosovo. Estos acontecimientos no demuestran la existencia de una estrategia común de Bruselas, Belgrado y Moscú. Sin embargo, muestran que intereses distintos pueden limitar simultáneamente el margen internacional de Kosovo. Por ello, las instituciones deben exigir la aplicación del artículo 4, transparencia en las condiciones impuestas en el Consejo de Europa y garantías constitucionales para cualquier nuevo acuerdo.

La pregunta para la diplomacia europea no es solo cuándo se aplicará el Acuerdo de Ohrid, sino cuántos compromisos más debe asumir Kosovo para disfrutar de iguales derechos internacionales. Sin una aplicación verificable y sin que Serbia abandone su política de negación de la condición estatal de Kosovo, la normalización corre el riesgo de seguir siendo la administración de un conflicto interminable. En un momento en que la ampliación vuelve a ocupar un lugar en la agenda geopolítica de la UE y Montenegro avanza hacia la conclusión de las negociaciones, la falta de una hoja de ruta para Kosovo amenaza con profundizar su marginación política y económica.

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