La ley aprobada por la Asamblea de Kosovo para modificar la ley del Tribunal Especial no tiene por objeto abolir este tribunal. Kosovo respeta su obligación internacional de mantener este tribunal. Con esta ley, Kosovo subraya que respeta sus obligaciones en virtud del derecho internacional de investigar y juzgar todas […]
La aclaración de las competencias del Tribunal Especial no vulnera las obligaciones internacionales de Kosovo

La ley aprobada por la Asamblea de Kosovo para modificar la ley del Tribunal Especial no tiene por objeto abolir este tribunal. Kosovo respeta su obligación internacional de mantener este tribunal. Con esta ley, Kosovo subraya que respeta sus obligaciones en virtud del derecho internacional de investigar y juzgar todas las sospechas y alegaciones de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, con esta ley Kosovo aclara que lo hace en la medida en que realmente tiene obligaciones internacionales y respetando la Constitución de la República de Kosovo, ni más ni menos. La ley aprobada por la Asamblea de Kosovo únicamente limita y aclara la competencia del Tribunal Especial, teniendo exactamente en cuenta las obligaciones internacionales que Kosovo ha asumido. Las recientes declaraciones de la Unión Europea, según las cuales esta ley constituye una violación del Intercambio de Cartas de 2014 y de las obligaciones internacionales de Kosovo, exigen una respuesta jurídica mesurada, pero clara. Las afirmaciones de la UE no son exactas; ni siquiera son sinceras.
La verdad es sencilla. Limitar la competencia del Tribunal Especial a las alegaciones específicas planteadas en el Informe del Consejo de Europa de 2011, conocido como el Informe de Dick Marty, y proteger el control constitucional interno no constituye una violación del acuerdo con la UE para establecer el Tribunal Especial. Por el contrario, limitar la competencia de este tribunal a las alegaciones específicas planteadas en el Informe de Dick Marty supone volver al propósito original y auténtico de este acuerdo, al impedir una desviación no autorizada más allá de aquello a lo que Kosovo se comprometió.
Para comprender la naturaleza y el alcance de la obligación internacional de Kosovo, hay que recordar los orígenes de la solicitud de creación del Tribunal Especial. En enero de 2011, inmediatamente después de que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobara el Informe de Dick Marty, la misión de la UE, EULEX, declaró públicamente que se tomaba muy en serio estas alegaciones. EULEX señaló expresamente que tenía la capacidad y la competencia para tratar estas alegaciones e hizo un llamamiento a que se presentaran hechos y pruebas concretos relacionados con estas acusaciones específicas.
Cuando en agosto de 2011 se creó el Equipo Especial de Investigación (Special Investigative Task Force – SITF) y Clint Williamson fue nombrado fiscal jefe, su mandato se limitó a una investigación penal independiente de las alegaciones concretas incluidas en el Informe de Dick Marty. Se trataba únicamente de las alegaciones y sospechas sobre el tráfico ilegal de órganos humanos y el trato inhumano presuntamente cometidos en varios centros, principalmente en el norte de Albania. Esta fue la principal razón diplomática y política que movilizó a Bruselas y a Estados Unidos, y que obligó a Kosovo a aceptar un organismo de este tipo. En aquel momento, nadie en la UE ni en Estados Unidos hablaba de crear un tribunal que juzgara toda la guerra de 1998–2000, también más allá de las alegaciones específicas planteadas en el Informe de Dick Marty.
Cuando la presidenta Jahjaga y la alta representante de la UE, Catherine Ashton, intercambiaron cartas el 14 de abril de 2014, que posteriormente fueron ratificadas por la Asamblea de Kosovo como acuerdo internacional (Ley n.º 04/L-274), pero no por la UE, los elementos del acuerdo estaban claros. El Tribunal Especial se utilizaría únicamente para los procedimientos judiciales “que se deriven de la investigación del SITF” (arising from the SITF investigation). Esto significa que la competencia del Tribunal Especial deriva del alcance autorizado de la investigación del SITF, que estaba limitado a las alegaciones específicas planteadas en el Informe de Dick Marty, y no a toda la guerra del ELK.
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De conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, todo acuerdo internacional debe interpretarse de buena fe, de acuerdo con el sentido corriente de sus términos, a la luz de su contexto y de su “objeto y fin”. El propósito del Intercambio de Cartas de 2014 nunca fue crear un tribunal general paralelo que imitara al Tribunal de La Haya para la ex Yugoslavia (ICTY), ni revisar las conclusiones del Tribunal de La Haya, sino tratar las alegaciones específicas planteadas en el informe de Dick Marty, a las que también se limitaba la investigación del SITF.
Cuando el Tribunal Especial juzga a todo el ELK como una “empresa criminal conjunta”, algo que el Tribunal de La Haya establecido por las Naciones Unidas rechazó, y lo hace por actos cometidos en lugares que ni siquiera se mencionan en el Informe de Dick Marty, estamos ante una extralimitación sustancial del consentimiento que Kosovo dio para la creación del Tribunal Especial. Por consiguiente, aclarar la competencia del Tribunal Especial mediante una modificación de la ley no viola el acuerdo de 2014, sino que impide exceder aquello a lo que Kosovo se comprometió al aceptar el Intercambio de Cartas de 2014. El principio internacional pacta sunt servanda exige el cumplimiento fiel de lo acordado por las partes y no sirve para justificar las exigencias de la UE que van más allá de la voluntad de Kosovo expresada en este acuerdo.
Además, en el derecho internacional público existe el principio fundamental de que las limitaciones a la soberanía estatal no pueden presumirse (principio Lotus). La justicia penal es uno de los elementos principales de la soberanía de un Estado. Cuando un Estado delega parte de su jurisdicción penal en un organismo esencialmente extranjero, esa delegación siempre debe interpretarse de manera restrictiva. Si hay dudas sobre el alcance de la delegación, deben interpretarse a favor de la soberanía estatal.
En el acuerdo de 2014, la Asamblea de Kosovo no renunció a la jurisdicción general sobre los crímenes de guerra, que, conforme a la Constitución, corresponde a los tribunales ordinarios de Kosovo. Ampliar las competencias del Tribunal Especial más allá de las alegaciones específicas expresadas en el Informe de Dick Marty interfiere en la competencia del poder judicial ordinario garantizada por la Constitución y viola el principio del “tribunal establecido por la ley” y el principio de claridad jurídica garantizados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Kosovo no pretende eludir ninguna obligación internacional que haya asumido. Kosovo ha demostrado madurez política y confianza en sus socios internacionales y en la justicia internacional al delegar en la UE competencias judiciales específicas respecto de acusaciones específicas. Pero la asociación internacional no puede construirse sobre la base de que la UE tenga derecho a sobrepasar la voluntad soberana de Kosovo, expresamente limitada a las alegaciones planteadas en el Informe de Dick Marty, y a dirigir un órgano judicial que juzga y criminaliza toda la guerra de Kosovo, independientemente de los estériles argumentos dogmáticos según los cuales los juicios versan sobre la responsabilidad individual.
El acuerdo de 2014 fue un acuerdo de carácter especial y limitado, no una renuncia incondicional a la soberanía judicial. La UE debe recordar sus propias declaraciones de 2011, cuando creó el SITF, y los verdaderos compromisos de Kosovo en el acuerdo de 2014. Además, la UE incurre en una doble moral cuando invoca obligaciones internacionales que ella misma nunca ha ratificado como tales. De hecho, la UE debe explicar por qué impuso una ley que otorgó al Tribunal Especial competencias que exceden aquello que Kosovo y la UE acordaron en el acuerdo de 2014, leído en su contexto y a la luz de su propósito. El propio Panel Constitucional del Tribunal Especial ha afirmado que la competencia del Tribunal Especial no está definida ni en la Constitución ni en el Intercambio de Cartas de 2014, sino únicamente en la ley que redactó la UE e impuso a Kosovo mediante presión política y diplomática. Por tanto, la solicitud de la Asamblea de Kosovo de que la competencia del Tribunal Especial se limite a las alegaciones específicas planteadas en el Informe de Dick Marty y al mandato del SITF establecido por la propia UE no constituye una violación del acuerdo. Al contrario, es la única manera de respetar la legitimidad de este tribunal y proteger el principio del Estado de derecho y la Constitución de Kosovo. Pero esto exige una acción estatal coordinada, y la aprobación de la ley es solo el primer paso. En definitiva, lo subrayo: la aprobación de la ley no tiene por objeto favorecer a ningún individuo, sino proteger la dignidad soberana de Kosovo. Si alguien es condenado en nuestro nombre, que sea condenado dentro de aquello para lo que, como soberanos, hemos dado nuestro consentimiento

















