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Un poco de calma en torno a la ley, por favor

Un poco de calma en torno a la ley, por favor

La devolución por parte de la presidenta de la ley sobre el tribunal especial ha provocado fuertes reacciones en la opinión pública. Empezaron las acusaciones: que alguien había enterrado la ley, que alguien la había redactado mal; se involucraron periodistas, comentaristas y políticos de distintos bandos, lanzando acusaciones de traición contra quienes pidieron que se devolviera la ley o que supuestamente la habían redactado mal […]

La devolución por parte de la presidenta de la ley sobre el tribunal especial ha provocado fuertes reacciones en la opinión pública. Empezaron las acusaciones: que alguien había enterrado la ley, que alguien la había redactado mal; se involucraron periodistas, comentaristas y políticos de distintos bandos, lanzando acusaciones de traición contra quienes pidieron que se devolviera la ley o que supuestamente la habían redactado mal. Parece que llevamos en la sangre las acusaciones y las etiquetas precipitadas de traición, y las hacemos sin conocer las circunstancias y los motivos de quienes acusamos, e incluso sin tener el nivel profesional necesario para valorar su trabajo y sus actos. Normalmente, quienes no hacen nada son los primeros en acusar de traición. Recuerdo muy bien las acusaciones de traidor contra Ibrahim Rugova, y también contra Hashim Thaçi, a menudo por parte de las mismas personas que hoy hablan. Esas etiquetas no ayudan, sino que envenenan lo que Kosovo más necesita hoy: la unidad del espectro político albanés para hacer frente a la guerra híbrida que se libra contra Kosovo mediante instrumentos jurídicos (lawfare). La decisión del Tribunal Especial contra Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi y Rexhep Selimi es la manifestación más clara de esta guerra híbrida enmascarada bajo el manto de la justicia. Cuando el juez que leyó esta decisión habla de la supuesta guerra especial del Estado Mayor General del UÇK contra sus adversarios, en realidad expresa lo que se está haciendo contra Kosovo a través del Tribunal Especial. La división entre los albaneses y el fomento de la lucha política entre ellos solo sirven a esta guerra híbrida contra Kosovo, ahora que, por primera vez desde 2015, cuando se impuso el Tribunal Especial, se ha creado la posibilidad de actuar colectivamente en defensa de los valores de la guerra y de la dignidad del Estado de Kosovo.

La ley no se redactó para Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi y Rexhep Selimi. Se redactó como respuesta a la calificación del Estado Mayor General del UÇK y de todas sus estructuras políticas y militares como una empresa criminal conjunta, algo que criminaliza toda la guerra de liberación de Kosovo, socava la legitimidad de la propia República de Kosovo y nos pone a la defensiva en el terreno político, pese a que fuimos víctimas de la agresión y el genocidio serbios. Cuando oigo a políticos kosovares decir que la decisión no afecta al UÇK, pienso que o no han leído la decisión, o son ignorantes, o se alegran de ella; y, por desgracia, parece que hay bastantes así entre los albaneses.

La redacción de la ley comenzó el día en que se leyó la decisión del Tribunal Especial, en los momentos en que Kosovo estaba horrorizado, humillado y completamente desorientado por la decisión. Había que hacer algo concreto, más allá de lamentarse, para encontrar una salida a esta situación, levantar la moral y hallar una orientación para actuar políticamente contra esta humillación. Se comprendió que confiar en la justicia internacional y en la ayuda de los aliados había sido una ingenuidad política imperdonable, y que Kosovo debía actuar. Se oyeron voces que pedían abolir el Tribunal Especial, pero se sabía que eso sería casi imposible mientras siguiera vigente el Intercambio de Cartas de 2014, ratificado por Kosovo como acuerdo internacional. La alternativa con mayores posibilidades de éxito era limitar la competencia del Tribunal Especial y devolver a los tribunales ordinarios de Kosovo los casos que quedaran fuera de la competencia del Tribunal Especial, tal como prevé la ley que ahora está en la Asamblea.

En 2022, el Panel Constitucional del Tribunal Especial confirmó que las acusaciones contra Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi y Rexhep Selimi quedaban fuera de las alegaciones planteadas en el Informe de Dick Marty. El Panel también confirmó que la competencia del Tribunal Especial no está determinada ni por la Constitución de Kosovo ni por el Intercambio de Cartas de 2014, sino únicamente por la ley del Tribunal Especial. El Panel dijo que, dado que el Tribunal Especial tiene una competencia tan amplia en virtud de la ley, no hay nada que podamos hacer, porque nos la ha otorgado la propia Asamblea de Kosovo. Si la Asamblea de Kosovo hubiera querido limitar la competencia del Tribunal Especial a las alegaciones concretas de Dick Marty, lo habría hecho mediante una ley; no tenemos la culpa de que ustedes la hayan redactado así. El Tribunal Especial olvida que la ley le fue impuesta a Kosovo por la UE y EE. UU., pero aun así prestó un servicio a Kosovo al señalar que podía limitarse la competencia del Tribunal Especial a las alegaciones concretas del Informe de Dick Marty sin vulnerar la Constitución ni el Intercambio de Cartas de 2014. Aquí la única pregunta es por qué Kosovo no lo hizo antes, sino que esperó a que ocurriera la catástrofe. Creo que la confianza ingenua en la justicia internacional y en los aliados es la causa, quizá también la ignorancia.

La propia decisión del Tribunal Especial mostró el camino que había que seguir. Se confirmó que también el Tribunal Constitucional de Kosovo, cuando examinó las enmiendas constitucionales para la creación del Tribunal Especial, había pedido que este tribunal tuviera competencias específicas para abordar las alegaciones concretas planteadas en el Informe de Dick Marty, y no competencias tan amplias como las establecidas en la ley del Tribunal Especial. Por desgracia, a nadie se le ocurrió en 2015 remitir la ley al Tribunal Constitucional; probablemente, entonces la habría declarado inconstitucional.

También se confirmó que la competencia del Tribunal Especial iba más allá de lo que Kosovo se había comprometido a hacer en el Intercambio de Cartas de 2014. Allí, Kosovo se comprometió a crear un tribunal especial de primera instancia y de apelación para tratar las acusaciones que pudieran derivarse del Grupo Especial de Investigación de EULEX (SITF), que había investigado las alegaciones planteadas en el Informe de Dick Marty. Aquí hay dos aspectos importantes. En primer lugar, Kosovo no se comprometió a crear un Tribunal Especial al nivel del Tribunal Supremo y del Tribunal Especial; solo se comprometió a establecer instancias de primera instancia y de apelación. En segundo lugar, la investigación del SITF se refería únicamente a los hechos posteriores a junio de 1999, y no a los anteriores, porque hasta entonces el Tribunal de La Haya (ICTY) era competente y, en los casos Haradinaj y Limaj, había desestimado las acusaciones de que el UÇK fuera una empresa criminal conjunta. El fiscal de EULEX, Williamson, dijo expresamente en 2014 que el único propósito del SITF era cubrir el vacío jurídico creado después de junio de 1999. Pese a ello, la ley que la UE y EE. UU. impusieron a Kosovo otorga al Tribunal Especial competencia desde el 1 de enero de 1998, completamente fuera de lo que Kosovo se comprometió a hacer en el Intercambio de Cartas de 2014.

Con las modificaciones a la ley, tal como está ahora en la Asamblea, se limitaría la competencia del Tribunal Especial exactamente a aquello a lo que Kosovo se comprometió, y los casos que quedaran fuera de ese compromiso serían devueltos para su enjuiciamiento en Kosovo. Si alguien debe determinar si el UÇK es o no una empresa criminal conjunta, que lo hagan los tribunales ordinarios de Kosovo, y no jueces extranjeros con antecedentes sospechosos desde la época en que formaban parte de EULEX, quienes terminan siendo a la vez investigadores y jueces.

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