Ekonomia Online
LATEST

El derecho a la vida y la responsabilidad del Estado

El derecho a la vida y la responsabilidad del Estado

La esencia de las obligaciones positivas del Estado de proteger la vida radica en que el Estado no puede limitarse a reaccionar una vez que se ha perdido una vida. Debe actuar de antemano cuando existan circunstancias que hagan necesaria y razonable su intervención. El caso de la fallecida Arlinda Zekaj plantea cuestiones graves […]

La esencia de las obligaciones positivas del Estado de proteger la vida radica en que el Estado no puede limitarse a reaccionar una vez que se ha perdido una vida. Debe actuar de antemano cuando existan circunstancias que hagan necesaria y razonable su intervención.

El caso de la fallecida Arlinda Zekaj plantea cuestiones graves en relación con la responsabilidad del Estado. Según la información hecha pública, ella se había quejado de la manera en que se habían tratado casos anteriores y, el 22 de octubre, se había dirigido por escrito a la fiscal jefa de Peja, advirtiéndole del peligro al que se enfrentaba. Tres días después, el 25 de octubre, fue asesinada.

Norma jurídica y práctica judicial

El artículo 25 de la Constitución de Kosovo garantiza el derecho a la vida, mientras que el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) obliga al Estado, en determinadas circunstancias, a adoptar medidas concretas para proteger la vida frente a los actos de otras personas.

Asimismo, los artículos 18, apartado 4, 50, apartado 1, 51, apartado 1 y 55, apartado 1, del Convenio de Estambul establecen las obligaciones del Estado de actuar preventivamente y brindar protección, evaluar el riesgo y proteger eficazmente a la víctima, sin supeditarlo a su voluntad de iniciar o continuar el procedimiento penal.

Según el criterio establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso contra el Reino Unido en 1998, el Estado puede ser considerado responsable cuando las autoridades sabían o deberían haber sabido que una persona se enfrentaba a un riesgo real e inminente para su vida, pero no adoptaron las medidas que razonablemente cabía esperar de ellas para prevenirlo.

En este sentido, la Sentencia KI129/21 del Tribunal Constitucional en el caso de la fallecida Sebahate Morina constituye una de las decisiones más importantes en relación con la responsabilidad constitucional del Estado de proteger la vida de las víctimas de violencia doméstica.

Esta sentencia aclara que el Estado no cumple su obligación de proteger la vida únicamente aprobando leyes y creando mecanismos institucionales. También debe garantizar su aplicación efectiva, especialmente cuando las autoridades saben o deberían saber que existe un riesgo real para la vida.

En aquel caso, el Tribunal constató deficiencias sustanciales de las autoridades competentes, entre ellas:

1. La falta de una respuesta inmediata a la denuncia de violencia doméstica.

2. La falta de una evaluación adecuada del riesgo, que debe ser autónoma, proactiva e inmediata.

3. La falta de evaluación del riesgo real e inminente para la vida, aunque las autoridades sabían o deberían haber sabido de él, especialmente teniendo en cuenta que el esposo de la víctima había sido condenado anteriormente por violencia doméstica.

4. La falta de adopción de medidas para proteger su vida.

La obligación del Estado no implica una garantía absoluta de que pueda prevenirse toda muerte, pero la evaluación debe centrarse en lo que las autoridades sabían o debían saber antes de los hechos y en si habían adoptado medidas razonables que cabía esperar de ellas,

para prevenir el desenlace trágico.

Tres niveles de responsabilidad

La deficiencia institucional, por sí sola, no basta para establecer la responsabilidad jurídica. Sin embargo, las circunstancias exigen examinar tres niveles de responsabilidad:

En primer lugar, la responsabilidad del Estado, relacionada con el incumplimiento por parte de las autoridades de sus obligaciones positivas de proteger la vida.

En segundo lugar, la responsabilidad individual, disciplinaria o penal, relacionada con el incumplimiento de las obligaciones legales por parte de determinados funcionarios.

En tercer lugar, la responsabilidad procesal, relacionada con la obligación de llevar a cabo una investigación efectiva, independiente e integral, tanto sobre las circunstancias del asesinato como sobre las posibles acciones u omisiones de las instituciones.

Estas responsabilidades están interrelacionadas, pero no son iguales. La responsabilidad del Estado por la violación del artículo 2 del CEDH no exige necesariamente la condena penal de un funcionario. Del mismo modo, un error administrativo no demuestra por sí mismo una violación del derecho a la vida.

¿Qué debe investigarse?

Además del proceso penal contra el presunto autor del asesinato, la investigación debe esclarecer también las siguientes cuestiones:

1. ¿Cómo se trataron las denuncias, la información y las advertencias anteriores de la fallecida sobre la violencia y las amenazas?

2. ¿Se realizó una evaluación profesional y documentada del riesgo?

3. ¿Se aplicó realmente la orden de protección y las medidas fueron acordes con el riesgo concreto?

4. ¿Cómo se tramitó la queja de la fallecida, presentada el 22 de octubre, y qué acciones se adoptaron a raíz de ella?

5. ¿Hubo una coordinación eficaz entre la Policía, la Fiscalía, el tribunal y los demás servicios?

6. ¿Existían otras medidas necesarias que pudieran haberse adoptado para proteger la vida de la fallecida?

La responsabilidad debe abordarse

El caso de la fallecida Arlinda Zekaj exige una investigación seria e integral sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado de proteger la vida.

La determinación definitiva de una violación del artículo 25 de la Constitución, del artículo 2 del CEDH y de las disposiciones pertinentes del Convenio de Estambul requiere examinar todas las pruebas y circunstancias concretas.

Más aún cuando ya está claro que las autoridades sabían que existía un riesgo real e inminente para su vida y cabe preguntarse por qué no se adoptaron las medidas que razonablemente cabía esperar de ellas.

Related