Arlinda Zekaj no necesitaba declaraciones ni condolencias después de su muerte. Necesitaba protección mientras estaba viva. No necesitaba que las instituciones la recordaran después de que la mataran, sino que la escucharan cuando pidió ayuda. Ella había advertido al Estado. El Estado debe explicar por qué no logró salvarla. Arlinda Zekaj había advertido […]
¡El Estado mató a Arlinda!

Arlinda Zekaj no necesitaba declaraciones ni condolencias después de su muerte. Necesitaba protección mientras estaba viva. No necesitaba que las instituciones la recordaran después de que la mataran, sino que la escucharan cuando pidió ayuda. Ella había advertido al Estado. El Estado debe explicar por qué no logró salvarla.
Arlinda Zekaj había advertido de su propia muerte. No en una conversación privada, ni mediante un mensaje que pudiera perderse en el teléfono de alguien, sino a través de cartas dirigidas a la Fiscalía de Peja. Había pedido ayuda y había expresado su preocupación para que se actuara antes de que fuera demasiado tarde. El 25 de octubre fue asesinada. Solo tres días después de su advertencia.
No hay muchas maneras de describir esta tragedia. Una mujer pidió protección al Estado y no logró recibirla a tiempo. Una mujer intentó dejar claro a las instituciones que su vida corría peligro, pero la advertencia no bastó para salvarla. Una mujer que debía ser protegida terminó asesinada. Y la sociedad vuelve a enfrentarse a la misma pregunta que se ha planteado tras decenas de casos similares: ¿hasta cuándo?
Según las sospechas hechas públicas, Arlinda fue asesinada por su cuñado. El autor material debe responder ante la justicia por este crimen. Pero sería inaceptable que la investigación se limitara a la persona sospechosa de haberle quitado la vida. Porque, además de la responsabilidad penal del autor, existe otra pregunta igual de importante: ¿podría haberse evitado este asesinato si las instituciones hubieran tomado en serio el riesgo que Arlinda les había advertido?
Esta pregunta no responde a intereses políticos. Tampoco pretende satisfacer la indignación de la opinión pública, que tras cada asesinato de una mujer se llena de declaraciones, reacciones y promesas. Es una pregunta sobre la responsabilidad del Estado hacia la vida de sus ciudadanos. En este caso, la respuesta debe surgir de los documentos, de las acciones de los funcionarios y de una investigación independiente, no de las ruedas de prensa ni de comunicados vacíos.
Arlinda había solicitado una intervención urgente y había expresado su preocupación por la forma en que las instituciones estaban tratando su caso. El domingo 25 de octubre, volvió a denunciar la violencia doméstica. Su exmarido fue detenido, mientras que ella fue llevada a casa bajo escolta policial. Poco después, fue encontrada asesinada. Este es uno de los detalles más estremecedores de lo ocurrido: una mujer que había pedido protección terminó muerta, pese a que las instituciones habían sido informadas del peligro.
No basta con decir que la policía la había llevado a casa «por voluntad propia». Tampoco basta con decir que se siguió un procedimiento conforme a una determinada interpretación de las normas. El deber de las instituciones no consiste simplemente en realizar algunos trámites formales, rellenar formularios y registrar denuncias. Su deber es comprender el riesgo, evaluar las circunstancias y tomar medidas que protejan la vida. Cuando existe una advertencia seria, la responsabilidad no se limita a preguntarse si la víctima solicitó o no una medida concreta. Las instituciones deben hacer todo lo que la ley les permita para prevenir la tragedia.
Es precisamente aquí donde comienza el fracaso que debe investigarse. ¿Qué ocurrió con la carta de Arlinda? ¿Quién la examinó? ¿Qué medidas se tomaron tras recibirla? ¿Se evaluó realmente el peligro para su vida? ¿Se cumplió la resolución judicial cuya aplicación ella había solicitado? ¿Se coordinaron la policía, la fiscalía y el Centro de Trabajo Social? Y, sobre todo, ¿quién decidió que podía regresar a una situación en la que, poco después, fue asesinada?
Estas no son preguntas que puedan zanjarse con un informe administrativo elaborado para proteger a la institución de las críticas. Las respuestas deben ser públicas, basarse en hechos y conllevar consecuencias concretas si se determina que los funcionarios descuidaron sus deberes. No se puede pedir confianza en la justicia cuando esta no logra proteger a una mujer que precisamente acude a ella en busca de ayuda.
Si se demuestra que la negligencia, la inacción o el incumplimiento de las obligaciones legales por parte de los funcionarios contribuyeron a que no se evitara este asesinato, la responsabilidad debe ser tanto individual como institucional. Las dimisiones no pueden sustituir a la investigación, pero tampoco puede utilizarse la investigación como excusa para no asumir responsabilidades. Debe haber consecuencias profesionales, disciplinarias y penales. De lo contrario, este será simplemente otro caso en el que las instituciones prometen aprender la lección, para luego seguir como si nada hubiera ocurrido.
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También es imposible no hablar aquí de la responsabilidad política. El Estado no es una noción abstracta ni un edificio sin nombre ni dirección. Está formado por instituciones y dirigido por personas con deberes concretos. Los gobiernos pueden aprobar estrategias contra la violencia doméstica, los ministerios pueden elaborar planes de acción y los funcionarios pueden celebrar ruedas de prensa para mostrar cuánto se está haciendo. Pero si una mujer advierte que puede ser asesinada y tres días después aparece muerta, entonces todos esos documentos y promesas deben ponerse en tela de juicio.
No es la primera vez que Kosovo se enfrenta a asesinatos de mujeres. Cada vez que ocurre un crimen de este tipo, se oyen las mismas frases: habrá una investigación, habrá responsabilidades, se tomarán medidas. Luego pasan los días, la atención pública se desplaza a otra parte y las familias de las víctimas se quedan con su dolor. Mientras tanto, las mujeres que sufren violencia siguen preguntándose si vale la pena pedir ayuda, si serán escuchadas y si las instituciones estarán ahí cuando más las necesiten.
Este es el mayor daño que causa un fracaso así: no solo la pérdida de una vida, sino también la destrucción de la confianza en que el Estado puede protegerte. Cuando una mujer pide ayuda y termina asesinada, el mensaje que se transmite a otras mujeres es aterrador. Se les dice, sin palabras, que ni siquiera una advertencia puede ser suficiente.
Por eso, el asesinato de Arlinda no debe tratarse únicamente como un crimen cometido por un individuo. También debe investigarse como una prueba del fracaso del sistema que debía protegerla. Las instituciones conocían el peligro y no tomaron las medidas necesarias; por tanto, el Estado es responsable de la muerte que no logró prevenir.
Arlinda no necesitaba declaraciones ni condolencias después de su muerte. Necesitaba protección mientras estaba viva. No necesitaba que las instituciones la recordaran después de que la mataran, sino que la escucharan cuando pidió ayuda. Ella había advertido al Estado. El Estado debe explicar por qué no logró salvarla.
Si este asesinato también queda impune, no será solo otro fracaso. Será una prueba de que en este país la vida de una mujer puede seguir siendo menos importante que la burocracia, la indiferencia y el temor de las instituciones a enfrentarse a sus propios errores.
Y entonces, la pregunta ya no será únicamente quién mató a Arlinda. Será cuántas veces más dejará el Estado morir a las mujeres, aunque ellas hayan advertido que corren peligro.

















