Posición consultiva sobre la próxima fase de la reforma del gobierno local en Albania La aprobación por parte del Parlamento de Albania de la nueva reforma administrativo-territorial, que reduce el número de municipios de 61 a 46 mediante la fusión de 15 de ellos, constituye una nueva fase de un proceso crítico cuyo éxito deberá demostrarse […]
De la reforma territorial a la descentralización real en Albania

Posición consultiva sobre la próxima fase de la reforma del gobierno local en Albania
La aprobación por parte del Parlamento de Albania de la nueva reforma administrativo-territorial, que reduce el número de municipios de 61 a 46 mediante la fusión de 15 de ellos, constituye una nueva fase de un proceso crítico cuyo éxito deberá demostrarse únicamente mediante una implementación sostenible sobre el terreno.
El simple cambio de los límites catastrales o la reducción del número de municipios son insuficientes por sí solos. Esta reorganización, es decir, esta reforma, seguirá siendo un mero cambio sobre el papel si no va acompañada de cambios importantes, responsabilidades claras, competencias adicionales, financiación previsible y sólidas capacidades administrativas.
Las objeciones de la sociedad civil y de las comunidades locales son previsibles, ya que los ciudadanos no desean perder su municipio ni su identidad local, construida a lo largo de los años; por ello, estas preocupaciones deben abordarse mediante consultas transparentes, prestando especial atención a las zonas rurales y remotas durante la implementación.
El foco del Parlamento, del Gobierno y de la oposición debe desplazarse urgentemente del cambio del mapa hacia una descentralización real y la transferencia del poder desde el centro a los municipios, transfiriendo competencias del centro al gobierno local. En Albania existe una gran confusión entre la descentralización como poder transferido y verdadero y la simple desconcentración administrativa.
Hasta la fecha, muchas funciones siguen enmarcadas en la desconcentración, que implica el simple ejercicio de las funciones del Gobierno central en el territorio a través de direcciones regionales y otras agencias. Por otro lado, la descentralización real implica la transferencia legal y financiera plena de la autoridad decisoria a los alcaldes y los consejos municipales, otorgándoles la autonomía necesaria para tomar decisiones sobre el desarrollo urbano, la planificación territorial y el desarrollo económico local.
Para que esta reforma tenga éxito, la fase de implementación debe garantizar la continuidad de los servicios públicos sin generar incertidumbre administrativa durante la transición a las nuevas estructuras. La transición requiere un plan con plazos claros, así como procedimientos precisos para la transferencia ordenada de activos, registros, contratos oficiales, obligaciones financieras, sistemas digitales y personal administrativo. Es vital preservar el acceso a los servicios locales y la presencia administrativa en las zonas rurales, para que la fusión de los municipios no aleje las instituciones de los ciudadanos. Las nuevas administraciones deben recibir apoyo mediante directrices, formación y recursos suficientes, junto con un nuevo marco legal y procedimental que garantice una financiación sostenible y previsible. La participación significativa de los ciudadanos, el seguimiento independiente del desempeño mediante indicadores mensurables y una evaluación objetiva de la reforma de 2014 son condiciones esenciales para identificar las prácticas exitosas y evitar los retos aún pendientes.
Esta transición también debe ir acompañada de una reforma electoral que responda a los nuevos cambios territoriales y garantice una representación democrática lo más eficaz posible de los ciudadanos a nivel local.
Estoy convencido de que, en la perspectiva y en función de la integración europea, un gobierno local fortalecido y con verdadera autonomía estará mucho más capacitado para planificar el desarrollo local, preparar proyectos de calidad y beneficiarse de los fondos de la Unión Europea.
Por lo tanto, el éxito de la reforma territorial no puede medirse simplemente por el número y el tamaño de los municipios, sino, sobre todo, por su capacidad para decidir y actuar de forma autónoma, por la rendición de cuentas de las instituciones locales y por los mejores servicios, más accesibles, que los propios ciudadanos experimentan en su vida cotidiana.

















