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¿Quién supervisa a los supervisores?

¿Quién supervisa a los supervisores?

Unas semanas después de que los jueces dictaran sentencia, una pregunta común ha surgido entre los críticos nacionales e internacionales de las Salas Especializadas: Quis custodiet ipsos custodes? — ¿Quién supervisa la justicia de quienes supervisan la justicia? Kosovo está convulsionado. No es la «habitual» convulsión constitucional y parlamentaria que hemos vivido en los últimos años, con elecciones repetidas […]

Unas semanas después de que los jueces dictaran sentencia, una pregunta común ha surgido entre los críticos nacionales e internacionales de las Salas Especializadas: Quis custodiet ipsos custodes? — ¿Quién supervisa la justicia de quienes supervisan la justicia?

Kosovo está convulsionado. No es la «habitual» convulsión constitucional y parlamentaria que hemos vivido en los últimos años, con elecciones repetidas y fracasos igualmente repetidos a la hora de elegir al presidente de la Asamblea, al presidente del país o a los vicepresidentes de la Asamblea; situaciones en las que el Tribunal Constitucional ha tenido que pronunciarse cada vez.

Tampoco es aquella otra «habitual» convulsión provocada por el Gobierno, bajo cuya dirección Kosovo ha pasado media década de autoaislamiento y su diplomacia se ha autodestruido: con la suspensión del Diálogo Estratégico por parte del Gobierno estadounidense, casi tres años de sanciones punitivas de la UE o el fracaso absoluto a la hora de convencer a sus aliados más cercanos de que Kosovo merece ingresar en el Consejo de Europa.

La última crisis, que ha implicado no solo al espectro político centrado en sí mismo, sino también a amplios sectores de la población, tanto dentro de Kosovo como en la diáspora, tiene su origen en la sentencia de las Salas Especializadas en el caso «Thaçi y otros». Impuso a cuatro cofundadores del movimiento armado de liberación duras penas que suman 81 años de prisión, basándose en una cuestionable categorización de la resistencia guerrillera como «empresa criminal conjunta».

Dos semanas después de la imposición de las condenas en La Haya, las reacciones en Kosovo no amainan. Al contrario, la ira podría alcanzar proporciones aún mayores. Quizá (o probablemente) incluso estalle en forma de violencia contra la Asamblea y el Gobierno.

Tras la publicación de la sentencia preliminar (el texto completo, de más de 2000 páginas, que rivaliza en extensión con la sentencia del Tribunal para la ex Yugoslavia contra Mladić por genocidio), que aún no se ha hecho público, las embajadas occidentales y la UE hicieron un llamamiento a la paciencia, la calma y la concentración en el proceso de apelación.

Sin embargo, a muchos de los indignados por la sentencia ya no les interesa lo que digan los diplomáticos. Recuerdan la promesa de que este tribunal «disiparía las nubes negras» que se cernían sobre Kosovo y el ELK tras las extrañas acusaciones de tráfico de órganos por parte de los presos. Acusaciones que hicieron posible la creación de una quimera judicial que, en lugar de cumplir su propósito declarado, se centró obstinadamente en construir un relato que es una copia fiel de la propaganda rusa y serbia. Al fin y al cabo, fue el Gobierno de Kurti el que erosionó con éxito, poco a poco y decisión tras decisión, la credibilidad y la influencia de las embajadas occidentales en Kosovo, especialmente la estadounidense.

Algunos de los defensores más firmes de los estrechos vínculos con EE. UU. y la UE procedían de los partidos del antiguo establishment —el ancien régime, como lo llama el líder robespierriano de Kosovo, Albin Kurti—. Los apparatchiks de su partido no dejan pasar ocasión de publicar y declarar, con un regodeo apenas disimulado: «Ya os lo dijimos». No solo los partidarios del expresidente Thaçi, sino también varios observadores internacionales y dirigentes de la sociedad civil local se sienten traicionados por los diplomáticos que se desentendieron de sus antiguas promesas.

Pero los adornos retóricos del presidente del tribunal, Charles Smith III, no lograron dar un cierre a un proceso que ha durado seis años y se ha desarrollado conforme a procedimientos que han dejado lagunas alarmantes en materia de rendición de cuentas y transparencia judicial.

El respetado Comité de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales sacó a la luz una siniestra cultura de secretismo alarmante: reuniones confidenciales para diplomáticos, en las que participaban conjuntamente la presidenta del tribunal y el fiscal jefe y se debatía el caso «Thaçi y otros»; materiales que se remitían a los jueces sin dar a la defensa la oportunidad de pronunciarse sobre ellos; una vergonzosa falta de examen crítico de las pruebas presentadas por el régimen de Belgrado y preguntas sin resolver sobre su procedencia; así como amplias facultades de la presidenta para asignar los paneles judiciales, incluidos los de apelación, protegidas frente a cualquier objeción o recurso significativo por parte precisamente de las personas cuya libertad está en juego.

¿Qué acontecimientos están determinando, mientras hablamos, la dinámica y las reacciones?

En primer lugar, la Asamblea de Kosovo aprobó por unanimidad una declaración que refleja la aprobada la semana pasada por la Asamblea de Albania. La Asamblea de Kosovo rechazó como inaceptable la conclusión de que existía un propósito criminal común, pidió acciones jurídicas y diplomáticas coordinadas en defensa de la legitimidad de la guerra de liberación y se comprometió a proteger tanto la justicia para las víctimas como el derecho de los acusados a un juicio justo.

En segundo lugar, el PDK ha propuesto una ley para limitar las competencias de las Salas Especializadas una vez concluido el proceso de apelación en el caso Thaçi y otros. El proyecto de ley limitaría la jurisdicción del tribunal a las acusaciones de tráfico de órganos y los delitos directamente relacionados con ellas, transferiría los demás casos a los tribunales de Kosovo y las revisiones judiciales posteriores a la conclusión de las apelaciones en curso, y establecería una supervisión internacional independiente. También limitaría de inmediato la pena máxima de prisión a 15 años, exigiría que las condenas se cumplieran en Kosovo y permitiría el indulto presidencial.

En tercer lugar, y quizá lo más importante, la gente se reúne cada noche para protestar en las principales plazas de Pristina bajo el lema «No en mi nombre», mientras se celebran otras protestas por todo Kosovo y en su diáspora, desde Australia hasta Austria.

Detrás de ellas está el movimiento ciudadano «La libertad tiene nombre», fundado por un grupo ecléctico de figuras: Burbuqe Berisha, la fallecida directora de teatro, galardonada con numerosos premios; Lyrical Son, artista de hip-hop nacido en Pristina; Visar Kryeziu, reconocido fotógrafo de Associated Press; Ismail Tasholli, estudiante de filosofía en Graz, donde está escribiendo su tesis doctoral sobre tecnología y filosofía; y Eliza Hoxha, ex cantante de música pop, arquitecta y artista contemporánea. Hoxha es la única de ellos vinculada al PDK, como exdiputada, pero las multitudes parecen representar un espectro social más amplio.

He participado en la mayoría de las protestas con mi esposa. Las concentraciones nocturnas siguen una fórmula determinada: comienzan a las 20:00 con la recitación del antiguo juramento de los soldados del ELK. En el gran escenario cuelgan pancartas con los retratos de los cuatro dirigentes del ELK condenados en La Haya. El discurso de apertura destaca las principales exigencias: la aprobación de la ley propuesta y fondos adicionales para el proceso de apelación.

Después vienen los oradores, un grupo igual de ecléctico: veteranos de guerra, hijos de los mártires del ELK, conocidas estrellas de la música pop y otras figuras públicas. Una noche estuvo Yll Limani, quizá el cantante pop más famoso surgido de Kosovo, con millones de seguidores en las redes sociales. También ha participado Ledri Vula, uno de los artistas de hip-hop más conocidos de Kosovo. Otra noche, el orador principal fue Leart Ajvazaj, matemático e ingeniero de aprendizaje automático con logros destacados, con títulos en matemáticas puras de Yale y Cambridge, que ahora dirige investigaciones innovadoras sobre inteligencia artificial. También han hablado o cantado cantantes de ópera, músicos de música folclórica, periodistas, antiguos presos políticos de la época yugoslava y futbolistas.

Muchos participantes son veteranos de guerra, pero la mayoría parece pertenecer a la Generación Z. Jóvenes que quizá se sumaron tras ver en TikTok declaraciones de apoyo a las protestas de estrellas mundiales como Dua Lipa o Rita Ora.

La tensión es palpable. Y una cosa es segura: ningún partido político podrá controlar las emociones (ni las acciones) si no se encuentra una salida por medios institucionales.

¿Cuáles podrían ser esos medios?

Una vía racional sería que el régimen gobernante y la oposición acordaran aprobar la ley y asignar un presupuesto que cubriera no solo los gastos de los abogados, sino también las actividades de presión para explicar mejor las principales objeciones y quejas de los kosovares respecto a los procedimientos de las Salas Especializadas, la sentencia y la relación jurídicamente incestuosa entre sus salas, que operan en un entorno cerrado, sin controles ni contrapesos externos, ni siquiera la supervisión más elemental.

Dudo mucho que Kurti vaya a aceptar alguna vez este orden de pasos.

En primer lugar, la polarización de los últimos años ha profundizado la desconfianza entre los partidos. Kurti insiste en que primero se elija al presidente. Y, por si fuera poco, el Tribunal Constitucional ha emitido una nueva sentencia en el caso del presidente ausente: si los diputados no logran elegir al presidente antes del 6 de octubre, el país afrontará sus cuartas elecciones parlamentarias en dos años, muy probablemente el domingo 15 de noviembre de 2026.

Kurti parece estar utilizando la exigencia de la oposición de que se apruebe el proyecto de ley como instrumento de chantaje para conseguir un presidente de su elección. Hamza, presidente del PDK, se ha comprometido públicamente a votar a favor del presidente, pero solo después de que se apruebe la ley. La brecha es amplia y se ve agravada por los cálculos electorales.

Pero, incluso si la Asamblea aprueba la ley, espero que la propia Sala Constitucional de las Salas Especializadas bloquee sus disposiciones principales. Tras haber rechazado anteriormente cambios a su mandato e insistido en que este continúa hasta que el Consejo de la UE ordene su conclusión, el tribunal ha dejado a los representantes electos de Kosovo frente a una institución que ellos mismos fundaron, pero cuyo futuro depende exclusivamente de Bruselas, la capital de su principal financiador.

Entonces, ¿qué queda por hacer?

Quizá sea una mera ilusión esperar que los patrocinadores del tribunal (especialmente Washington) den señales de que una institución empeñada a toda costa en reescribir la historia de Kosovo, ya sea deliberadamente o por una asombrosa falta de comprensión, no puede convertirse en un instrumento de castigo perpetuo contra los dirigentes de un pueblo que fue víctima de la guerra. Que insistan en que el proceso de apelación sea independiente no solo de la «influencia» de los manifestantes de Pristina, como afirman quienes siembran el miedo en las Salas Especializadas, sino también de los prejuicios que ha mostrado la propia dirección del tribunal. Que se alcance un acuerdo que honre los derechos de las víctimas, independientemente de su identidad nacional o política, respete el proceso legal y garantice que la historia de Kosovo y el destino de los dirigentes de su liberación no queden como rehenes de burócratas que parecen más preocupados por dejar las cuentas abiertas en los restaurantes de La Haya que por representar al «pueblo de Kosovo», tal como les exige su mandato.

También podrían seguir otros acuerdos: impulsar la solicitud de adhesión de Kosovo al Consejo de Europa, para que tanto los acusados como las presuntas víctimas puedan solicitar, en última instancia, la protección de sus derechos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como recurso jurídico definitivo.

Todo esto exigiría coordinación, confianza y, sobre todo, atención por parte de los principales aliados: un bien que actualmente escasea.

Kosovo entregó parte de su soberanía a los guardianes —los supervisores— de la justicia, si me permiten una referencia trillada a la famosa novela gráfica de Alan Moore.

Por desgracia, me temo que no habrá nadie que supervise a los supervisores.

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