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La acción debe pasar de la calle a la Asamblea, responsabilidad política y disolución de las Salas Especializadas

La acción debe pasar de la calle a la Asamblea, responsabilidad política y disolución de las Salas Especializadas

Tras el veredicto del 16 de septiembre de 2026 en La Haya, Kosovo no puede quedarse únicamente en la ira, las protestas callejeras y los enfrentamientos políticos. La protesta es una expresión de la indignación ciudadana. Pero las decisiones sobre las instituciones de la República se toman en las instituciones de la República. Por eso, toda exigencia política de actuar contra las Salas Especializadas debe pasar por la Asamblea. Los muros […]

Tras el veredicto del 16 de septiembre de 2026 en La Haya, Kosovo no puede quedarse únicamente en la ira, las protestas callejeras y los enfrentamientos políticos.

La protesta es una expresión de la indignación ciudadana. Pero las decisiones sobre las instituciones de la República se toman en las instituciones de la República.

Por eso, toda exigencia política de actuar contra las Salas Especializadas debe pasar por la Asamblea.

Los muros del Gobierno, de la Asamblea o de otras instituciones no son culpables. Son propiedad e instituciones de la República de Kosovo y deben servir a los ciudadanos, independientemente de quién esté en el poder. No están ni a favor ni en contra de Hashim Thaçi, del UÇK o de las decisiones de La Haya.

La cuestión debe trasladarse al lugar donde se generó políticamente: a la Asamblea de Kosovo y a la responsabilidad de las instituciones.

Pero también debe volver aquí por otra razón fundamental y muy seria: la responsabilidad política por las declaraciones hechas en el pasado y por la manera en que se utilizaron en el proceso de La Haya.

Albin Kurti, en la sesión de la Asamblea del 26 de febrero de 2016, durante el debate sobre la elección de Hashim Thaçi como presidente, habló públicamente de la desaparición de Behajdin Allaqi y vinculó directamente el asunto con Thaçi. Sus declaraciones están documentadas públicamente.

Hoy, tras el veredicto de las Salas Especializadas, la cuestión de Behajdin Allaqi ya no puede tratarse solo como un antiguo debate político.

Las propias Salas Especializadas han declarado que «el Panel de Primera Instancia consideró a Hashim Thaçi personalmente responsable también del arresto, la detención, el traslado y el asesinato de Behajdin Allaqi». El peso jurídico del testimonio de Kurti ante La Haya desde la tribuna de la Asamblea, presentado como tal ante las Salas Especializadas, se consideró una prueba fundamental para la condena penal del tribunal. Mientras tanto, el testimonio público de la Sra. Hallaqi refutó esta afirmación con pruebas. Por tanto, el peso jurídico del testimonio de Kurti proviene de su poder político.

Esto plantea una pregunta política legítima que debe recibir una respuesta pública: ¿han influido, y en qué medida, las declaraciones políticas hechas por funcionarios de Kosovo en la creación, orientación o utilización de relatos que posteriormente fueron examinados por los órganos de justicia?

Esto no debe decidirse mediante acusaciones en Facebook. Hay que solicitar la documentación, comparar las declaraciones, las pruebas y los fundamentos del veredicto, y determinar qué es un hecho, qué es una prueba, qué es una alegación y qué es una interpretación política.

Si un testimonio concreto se ha utilizado como base para una conclusión penal, la responsabilidad de aclarar su origen, credibilidad y modo de utilización debe ser jurídica e institucional, no meramente política.

Pero hay algo claro: la responsabilidad penal por un veredicto corresponde efectivamente al tribunal, pero eso no exime de responsabilidad ni de persecución penal al representante institucional que hizo declaraciones públicas que se utilizaron como prueba, como la de Kurti, ni a quienes se han declarado colaboradores del órgano acusador.

La responsabilidad política y penal debe debatirse públicamente y las actuaciones penales deben iniciarse ex officio.

Aquí debemos establecer una distinción.

Las Salas Especializadas se crearon en 2015 sobre una base jurídica especial: la Asamblea aprobó la Enmienda Constitucional n.º 24, incorporando el artículo 162 a la Constitución, y ese mismo día aprobó la Ley n.º 05/L-053 sobre las Salas Especializadas y la Fiscalía Especializada. Esto también está vinculado al Intercambio de Cartas de 2014, ratificado por la Asamblea.

Por tanto, la disolución de esta estructura no debe prejuzgar las vías jurídicas concretas respecto de qué cambio constitucional se requiere, qué modificación legislativa se necesita, qué consecuencias tendría o cómo se tratarían las obligaciones internacionales de Kosovo.

Esto no es motivo para que el debate quede atrapado entre el eslogan y el documento, la protesta y los procedimientos, las declaraciones y los votos parlamentarios.

Aquí la Asamblea debe asumir su responsabilidad como órgano legitimador de todas las instituciones.

Considero que los diputados tienen motivos constitucionales, jurídicos o políticos suficientes para revisar este mecanismo, por lo que deben llevar el asunto a la Asamblea e iniciar el procedimiento correspondiente.

La declaración «EN NOMBRE DEL PUEBLO» obliga igualmente y de forma directa a la Asamblea a negar a esas «personas con barba de Soros» el derecho a invocar el nombre del pueblo de Kosovo. Solo pueden invocar el nombre de la minoría serbia de Kosovo y los intereses serbios y rusos, pero no el del pueblo de Kosovo.

Pero esto debe detenerse:

No con piedras.

No enfrentándose a la Policía.

No dañando las instituciones.

Con el voto. Con el debate. Con documentos. Con responsabilidad.

Porque el objetivo no debe ser dañar el Estado de Kosovo, sino proteger su orden constitucional y el interés público.

Por eso, la apelación y el debate institucional no son necesariamente vías excluyentes. Son cuestiones diferentes: una es un recurso jurídico dentro del proceso judicial, mientras que la otra es un debate político y constitucional en Kosovo sobre el propio marco institucional.

¡La Asamblea debe disolver las Salas Especializadas de La Haya!

Debe hacerlo por la misma vía por la que fueron creadas, es decir, de conformidad con la Constitución y las leyes, y derogando las obligaciones internacionales de la República de Kosovo. Poniendo la integridad del Estado en primer lugar.

Este es el punto en el que debe centrarse el debate. Es decir, de la calle a la Asamblea. De la ira al documento. De la acusación a la prueba. Del enfrentamiento a la responsabilidad institucional.

También la disolución de estas Salas debe hacerse allí donde fueron creadas: en la Asamblea de la República de Kosovo.

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