Este artículo llevaba varios días preparado como borrador en mi computadora, mientras me negaba a creer que tendría que publicarlo en esta versión tan sombría. Lamentablemente, la condena de los cuatro dirigentes del UÇK en La Haya confirmó incluso mi temor más extremo: que la justicia internacional capitularía ante el sesgo político y el revisionismo histórico. […]
Cuando el agresor escribe el expediente en La Haya y la víctima duerme en los laureles: de la victoria de la guerra a la derrota de la memoria

Este artículo llevaba varios días preparado como borrador en mi computadora, mientras me negaba a creer que tendría que publicarlo en esta versión tan sombría. Lamentablemente, la condena de los cuatro dirigentes del UÇK en La Haya confirmó incluso mi temor más extremo: que la justicia internacional capitularía ante el sesgo político y el revisionismo histórico. Hasta el último minuto esperé que la razón jurídica, los estándares universales del derecho occidental y la verdad indiscutible de una guerra de supervivencia triunfaran sobre la ingeniería política. Pero la condena de los cuatro, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi y Jakup Krasniqi, por las Salas Especializadas de La Haya puso fin a toda ilusión. Esta decisión no marca el triunfo de la justicia, sino la consagración definitiva de un profundo sesgo político de un mecanismo que nació torcido, sobre premisas falsas, actuó en contra de los estándares europeos del proceso judicial y terminó como instrumento de revisionismo histórico.
Esta sentencia no es un rayo en cielo despejado, sino el desenlace anunciado de un proceso que se asienta sobre los cimientos de graves violaciones procesales y compromisos geopolíticos. Durante casi seis años, las cuatro figuras centrales del Ejército de Liberación de Kosovo y de la construcción de su Estado permanecieron en prisión preventiva sin una sentencia de primera instancia; el juicio no comenzó hasta dos años y medio después de su arresto. Esta demora destruyó el principio fundamental de presunción de inocencia y el artículo 5(3) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, convirtiendo el propio procedimiento en un castigo administrativo. Más aún cuando el rechazo reiterado de las garantías ofrecidas por Estados soberanos europeos para la libertad bajo fianza se basó en motivos totalmente abstractos.
Sin embargo, el mayor escándalo de este tribunal reside en su origen geopolítico. El Tribunal Especial no nació del ideal de la justicia internacional, sino como una auténtica operación de la diplomacia y la inteligencia rusas, ideada y dirigida por Konstantin Kosachev, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Duma rusa y jefe de la delegación rusa en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Inmediatamente después de la proclamación de la independencia de Kosovo en 2008, fue precisamente la iniciativa oficial de Kosachev la que puso en marcha el mecanismo del Consejo de Europa, aprovechando un entorno institucional profundamente penetrado por el cabildeo y la influencia rusos bajo la dirección del secretario general Thorbjørn Jagland, para deslegitimar la condición de Estado de Kosovo y la intervención de la OTAN.
Esta intriga de Moscú se empaquetó mediante el infame informe de Dick Marty y las macabras invenciones sobre el “tráfico de órganos” en la llamada “Casa Amarilla”. Pero el golpe fatal a Kosovo no vino de Moscú; vino de la despiadada coyuntura de Washington. El Gobierno del presidente Barack Obama, decidido a asegurar a toda costa el acuerdo nuclear con Irán (JCPOA) y a evitar enfrentamientos directos con Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU, utilizó Kosovo como moneda de cambio geopolítica. A Pristina se le puso un cuchillo en la garganta con un ultimátum brutal: o votaban por sí mismos la creación del Tribunal Especial mediante enmiendas constitucionales, o Rusia aprobaría una resolución en virtud del Capítulo VII de la Carta de la ONU para crear un tribunal internacional al que Estados Unidos no vetaría. Kosovo se vio obligada a juzgarse a sí misma en aras de un pacto global entre las grandes potencias. Y, cuando llegó el día del enfrentamiento jurídico, toda la historia con la que se había chantajeado a una nación entera se evaporó, porque en la acusación definitiva no quedó ni una sola letra sobre el tráfico de órganos. En su lugar, la fiscalía recicló la elástica doctrina de la “Empresa Criminal Conjunta” para criminalizar un movimiento guerrillero, asimétrico y descentralizado de supervivencia.
La condena constituye un intento peligroso de criminalizar la propia estructura de la resistencia de liberación y, de manera inevitable, de manchar la legitimidad de la intervención de la OTAN en 1999 y la doctrina internacional de la intervención humanitaria.
Sin embargo, la culpa de esta catástrofe nacional no recae únicamente en La Haya y en las capitales occidentales: la responsabilidad también es de Pristina y Tirana. Nos enfrentamos a un tribunal internacional como una nación sin archivo, sin memoria institucionalizada, sin diplomacia pública y sin estrategia estatal, frente a un agresor que llegó al campo de batalla jurídico con una maquinaria bien engrasada de treinta años. Mientras en Pristina y Tirana la historia se trataba como folclore de aniversarios o como munición para la disputa electoral del día, Belgrado elevó la doctrina del revisionismo al nivel de la seguridad nacional desde el inicio de la desintegración de Yugoslavia. Ya en 1992, mediante una ley parlamentaria especial, Serbia fundó el Museo estatal de las Víctimas del Genocidio, creando la primera base de investigación centralizada para producir expedientes de peso jurídico y político.
Detrás de este aparato no había iniciativas amateur ni deseos de voluntarios, sino toda la infraestructura estatal: el Archivo Militar de las Fuerzas Armadas, el Archivo Estatal de Yugoslavia, el Instituto de Historia Contemporánea, la Academia de Ciencias (SANU) y los servicios de inteligencia (DB, más tarde BIA). Esta maquinaria preparó ya en 1998–2000 los “libros blancos” sobre los supuestos crímenes del separatismo albanés, los tradujo metódicamente al inglés y al francés, los distribuyó en las principales bibliotecas académicas de Occidente y alimentó durante décadas todos los canales internacionales (desde los expedientes del Tribunal del ICTY hasta el informe de Dick Marty y los documentos de la Fiscalía Especializada). Serbia financió monografías científicas, cátedras de investigación y publicaciones revisadas por pares internacionales, creando un monopolio interpretativo que intentaba revestir a un movimiento guerrillero de supervivencia con la apariencia de una organización violenta.
Los pueblos con conciencia de Estado saben que la memoria histórica solo se conserva mediante su institucionalización global. Los armenios han creado una red de archivos, institutos y cátedras universitarias (como en UCLA), desde Ereván hasta Washington y París, y han registrado nada menos que 327 monumentos conmemorativos en 45 países. Los ucranianos convirtieron la tragedia del Holodomor en un asunto reconocido por los parlamentos internacionales mediante museos nacionales y consorcios de investigación en las universidades de Alberta y Harvard. De manera similar, Ruanda convirtió su memoria en política estatal oficial a través de centros de estudios universitarios, culminando con la inclusión de sus cuatro principales memoriales (Nyamata, Murambi, Gisozi y Bisesero) en el Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Los albaneses, por su parte, siguen confiando en la ingenua convicción de que la verdad histórica será reconocida por sí sola. Frente a la intensa organización estatal serbo-rusa, el mundo albanés mostró un desierto institucional alarmante.
Durante un cuarto de siglo, Kosovo no logró construir un solo archivo nacional consolidado conforme a los protocolos científicos internacionales. La tarea de documentar a las víctimas y a los desaparecidos no fue asumida por el Estado soberano, sino delegada a una organización no gubernamental como el Fondo para el Derecho Humanitario. El Instituto público de Investigación de los Crímenes de Guerra cerró sin gloria por decisión administrativa en 2018 y permaneció inactivo durante cinco años seguidos; solo resucitó por ley a finales de 2023, precisamente después de que concluyeran las investigaciones de La Haya y los expedientes de la acusación quedaran blindados.
Los testimonios se dejaron desperdigados en cajones privados, los archivos de las brigadas se ocultaron o destruyeron por miedo y desconfianza, mientras que Tirana oficial nunca encontró el valor para crear un instituto de investigación o un pabellón nacional permanente sobre los crímenes cometidos contra los albaneses en el siglo XX. En esta dramática asimetría, los cuatro dirigentes del UÇK llegaron a la sala del tribunal despojados del escudo de su Estado: frente a fiscales que leían expedientes preparados meticulosamente por archivistas de Belgrado, debían reconstruir desde su celda de detención preventiva, con testimonios individuales y una memoria fragmentada, la realidad de una guerra asimétrica que su Estado nunca se preocupó de narrar en el lenguaje que entiende la justicia internacional.
Kosovo fracasó en construir esta defensa porque fue envenenada por el autocanibalismo político interno y la miopía estratégica. Durante un cuarto de siglo, la guerra de liberación no se trató como un consenso fundacional de la condición de Estado, sino como un fuego artificial electoral para el poder cotidiano. Una parte del liderazgo privatizó el mérito de la liberación, utilizando el sacrificio nacional como escudo moral frente a la mala gobernanza, la corrupción y la inflación de las listas de veteranos. Por otro lado, para romper este monopolio del poder, los rivales políticos cayeron en la trampa destructiva de demonizar al propio UÇK: en lugar de atacar la corrupción administrativa, empezaron a retratar al movimiento de liberación como una empresa criminal, produciendo expedientes, acusaciones y testimonios que se susurraban en las oficinas de los embajadores occidentales. La creación del Tribunal Especial fue acogida en silencio por sectores de la política como una cámara de purga externa para deshacerse de rivales que no podían derrotar en las urnas. Los fiscales de La Haya no tuvieron que esforzarse; simplemente tuvieron que recoger el veneno que nuestras élites se arrojaban unas a otras en el Parlamento y en los estudios de televisión.
Esta miopía se vio completada por el cinismo provinciano de Tirana oficial. Durante décadas, la élite política de Albania actuó bajo la premisa de que no cuestionar el pasado se vende como madurez regional, comerciando con la memoria para comprar el apoyo político a corto plazo de los actores internacionales. El Estado albanés proyectó con entusiasmo el Museo “Besa” en Vlora, dedicado al noble rescate de los judíos; un acto sin duda admirable que merece ser conmemorado, pero que pone al descubierto la estridente hipocresía estatal. De hecho, Albania invierte allí donde aparece como salvadora elogiada por el mundo, pero se niega a crear siquiera un instituto o pabellón nacional para nuestras tragedias nacionales. Albania no tiene ni un museo ni un pabellón permanente que aborde de manera integral la experiencia de los albaneses bajo Yugoslavia y Serbia; las expulsiones de 1877-1878 desde Niš, las masacres de las Guerras Balcánicas, la colonización, el intercambio de población del sur tras el Tratado de Lausana, la reforma agraria, la limpieza étnica de Çamëria, los desplazamientos hacia Turquía, la masacre de Tivar, la represión de Ranković, las manifestaciones de 1981, la abolición de la autonomía y los crímenes de 1998–1999. Todo este legado de purgas estatales se oculta bajo la alfombra por la élite política de Tirana, que ha elegido la autocensura por miedo a estropear la falsa fachada de estabilidad regional y la comodidad diplomática con los vecinos.
Esta capitulación de la memoria le arrebata a Kosovo su arma estratégica más poderosa en las relaciones internacionales. El doloroso pasado nunca debe servir simplemente de escudo reactivo en los tribunales; debe ser la base de nuestra ofensiva diplomática. En el diálogo con Serbia, renunciar a un archivo estatal de crímenes de guerra dio espacio a los mediadores para convertir el proceso en una falsa equivalencia moral entre las dos partes. La memoria documentada institucionalmente debe restablecer la condicionalidad política; no puede haber normalización sin el reconocimiento de la culpabilidad, sin reparaciones de guerra, sin esclarecer el destino de los desaparecidos y sin la devolución de los fondos y artefactos saqueados por Belgrado. Asimismo, en la batalla por el reconocimiento internacional y la adhesión a la ONU, al Consejo de Europa y a la UNESCO, la documentación rigurosa del genocidio y la limpieza étnica sigue siendo el argumento jurídico fundamental para la legitimidad de la condición de Estado de Kosovo como derecho inalienable a la supervivencia.
La crítica a esta sentencia no nace de un espíritu antiestadounidense ni del rechazo a la orientación euroatlántica, y mucho menos del olvido del hecho histórico de que la intervención de la OTAN en 1999 salvó al pueblo de Kosovo del exterminio físico. Al contrario, esta crítica es la defensa más auténtica de los propios valores occidentales. La justicia impartida en nombre del mundo libre no puede funcionar con estándares de selectividad distorsionados, sacrificando la proporcionalidad, la igualdad de las partes y el debido proceso. La alianza no exige sumisión ciega, la asociación no se mide por el conformismo provinciano, y la profunda gratitud histórica hacia nuestros libertadores nunca implica renunciar al juicio crítico ni guardar silencio ante un cínico compromiso geopolítico.
Sobre todo, en el proceso de integración euroatlántica, Kosovo no debe llamar a las puertas de la Unión Europea y de la OTAN como una mendiga de misericordia geopolítica. Su rápida admisión en las estructuras occidentales no es una limosna; es una reparación moral y política tardía por la indiferencia, la vacilación y, a menudo, la participación directa de las grandes potencias en la tragedia histórica albanesa. Desde el Congreso de Berlín de 1878 y la Conferencia de Londres de 1913 (cuando las tierras albanesas fueron divididas para saciar los apetitos de las monarquías grecoeslavas), hasta el embargo absurdo de armas de los años noventa y la larga tolerancia del régimen de Milošević, el destino de Kosovo se vio gravemente perjudicado por los cínicos compromisos europeos. La integración en la UE y la protección bajo el paraguas de la OTAN son el acto necesario de justicia restaurativa por esta deuda histórica que Occidente tiene con este pueblo, pero esta exigencia no puede cobrarse diplomáticamente sin un archivo riguroso que transforme la memoria de lamento folclórico en argumento geoestratégico.
Ahora que ha caído el golpe, la experiencia debe necesariamente servirnos de lección. La sentencia es solo una decisión de primera instancia; la derrota se vuelve irreversible únicamente si nos rendimos al fatalismo o estallamos en desesperación folclórica. El ejemplo de cómo actúa un Estado maduro ante una catástrofe jurídica de este tipo está claramente escrito en la historia de Croacia. Cuando el 15 de abril de 2011 el Tribunal de La Haya condenó al general Ante Gotovina a 24 años de prisión y a Mladen Markač a 18 años por una empresa criminal conjunta durante la Operación “Tormenta”, toda la nación croata quedó sumida en una profunda conmoción moral. Pero Croacia no se encerró en el duelo ni empezó a aceptar el estigma sobre su guerra de liberación. Al contrario, esa drástica condena sirvió como la máxima señal de alarma que puso en marcha toda la maquinaria estatal, científica y diplomática del país.
Entre abril de 2011 y noviembre de 2012, el Gobierno croata, a través del Centro Memorial y Documental de la Guerra de la Patria, la academia y las instituciones de seguridad, no ejerció presión política sobre el tribunal, sino que construyó una gran contraofensiva científica y jurídica para la segunda instancia. Zagreb contrató a los juristas internacionales más destacados, movilizó a los principales expertos mundiales en artillería y balística para analizar cada proyectil caído en Knin, y presentó pruebas documentales irrefutables que demostraban que el estándar del “margen de error de 200 metros” establecido por el tribunal era un absurdo militar. El 16 de noviembre de 2012, la Sala de Apelaciones del ICTY revocó en sus fundamentos la sentencia de primera instancia, absolvió a los dos generales y borró definitivamente la etiqueta de empresa criminal conjunta de la libertad croata. Ese triunfo no llegó gracias a consignas patrióticas en las plazas, sino porque un Estado serio convirtió la experiencia de la primera instancia en una lección estratégica organizada.
Kosovo y Albania deben seguir hoy, de inmediato, este camino y este modelo. La apelación en La Haya no puede dejarse únicamente en manos de los abogados defensores y las familias de los condenados. Los gobiernos de Pristina y Tirana, las universidades, la Academia de Ciencias y la diáspora deben dejar de lado todas las disputas de clanes y crear en cuestión de semanas un Grupo de Trabajo Interestatal Jurídico y Científico. Hay que abrir los archivos, contratar a los expertos más prestigiosos del derecho internacional, desmontar la afirmación artificial de que el UÇK tenía un mando militar rígido y control territorial, y presentar ante la Sala de Apelaciones las pruebas irrefutables de que se trataba de un movimiento guerrillero de supervivencia. La condena es un duro golpe, pero la victoria de 1999 no puede borrarse con una decisión administrativa. Si queremos que esta experiencia no se convierta en una mancha histórica permanente sobre la libertad de Kosovo, hoy debe comenzar nuestra mayor movilización institucional; se acabó el tiempo de las palabras vacías y del folclorismo: ahora los Estados albaneses deben hablar el lenguaje de la ciencia, la diplomacia, el derecho y la dignidad nacional.

















